Saturnino Castanedo Lunes, 26 Noviembre 2012 Saturnino Castanedo

La Justicia condena al exalcalde de Cartes a ocho años de inhabilitación

El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander ha condenado al exalcalde socialista de Cartes, Saturnino Castanedo, a ocho años y siete meses de inhabilitación para cargo público electo al ser considerado autor de un delito continuado de prevaricación, atendiendo la pena solicitada por la Fiscalía en su integridad. Un proceso que ha durado cinco años en el que Castanedo se ha sentido “maltratado”. Tras conocer la decisión afirmó que “me esperaba esa sentencia, después de un proceso judicial en el que me he sentido absolutamente maltratado, por lo que estaba preparado para recibirla y recurrirla automáticamente ante la Audiencia Provincial, como hare en los próximos días”. Afirmó no estar de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de la decisión judicial e incluso aseguró que “desde el punto de vista moral, no me merezco esta Sentencia para nada”. Incidió en que también se ha sentido “desamparado e indefenso” ante un trato “indisimuladamente hostil” desde que se inició el proceso judicial.

Muy distinta fue la opinión de uno de los dos instigadores del proceso durante la pasada legislatura, Bernardo Berrio (PP), hoy alcalde de Cartes. No quiso entrar en detalles pero si afirmó que “la Justicia llega tarde pero al final llega”, y añadió que “es un día triste para los vecinos de Cartes pero en definitiva es una buena noticia que la Justicia se haya pronunciado ya y de esta forma en este caso, poniendo a cada cual en su lugar”. Señaló que en el caso de que se recurra, la Fiscalía será la que continúe con el caso “y nosotros valoraremos en los próximos días los pasos a dar”. Su compañero de gobierno local y también parte de la denuncia, Emilio Álvarez (PRC), no quiso pronunciarse y aseguró que esperará a que la Justicia tome una decisión definitiva.

La Sentencia acusa a Castanedo de no haber seguido el procedimiento legal mínimo en algunos casos de contratación y de obviar los requerimientos del Servicio de Intervención y de las normas de contratación administrativa, algo que niega rotundamente Castanedo. Afirma que la base argumental de la decisión “radica en una falsedad, al decir que desatendí los informes de Intervención Municipal, algo completamente falso, que incluye cuestiones fuera de contexto y errores increíblemente reiterados que no entiendo como después de cuatro años de instrucción se mantienen, por la acusación particular del gabinete del PP, la Fiscalía y ahora la Sentencia”. Pero hay más, Saturnino Castanedo afirma que la Sentencia “pretende invalidar un procedimiento de reconocimiento de obligaciones extrajudiciales desarrollado y avalado por la normativa, que lo utilizan habitualmente todos los ayuntamientos, así que con esa decisión se pone al borde de la inhabilitación a miles de alcaldes e interventores de toda España”.

Sobre su futuro, aseguró que “espero que el recurso deje sin valor esta Sentencia, y que se demuestre que no se está hablando de la comisión de ningún delito y, en todo caso, de una irregularidad administrativa”. Declaró que “enfrentarme a estas alturas de la vida y mis circunstancias profesionales y personales a una inhabilitación para cargo público tampoco me preocupa demasiado a nivel personal, llevo en cargos públicos más de 24 años, la mitad de mi vida y no me quita el sueño”. Pero, añadió, “me debo a una serie de obligaciones y mientras no haya una Sentencia firme, que no creo que la vaya a haber, seguiré ocupando la portavocía en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Cartes y estaré a disposición de mi partido y mis compañeros para lo que se precise”.

La Sentencia declara a Castanedo “como autor responsable de un delito continuado de prevaricacion, ya definido, a la pena de ocho años y siete meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde, concejal o miembro del ente local, así como para cualquier otro cargo público que dependa de su elección democrática conforme a la legislación electoral, lo que determina la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recae, aun siendo electivo, y de los honores que le sean anejos, así como la posibilidad de obtenerlos durante dicho plazo”.

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