La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, acompañada por el director de Justicia, Ángel Santiago y la directora de Comercio y Consumo, Ana España, ha recibido a las representantes de la Plataforma de Afectados por Liberbank, Azucena Aguirre y Lourdes Díez. En el encuentro, desde la plataforma se ha solicitado el apoyo del Gobierno de Cantabria, tanto desde el punto de vista de consumo como desde el punto de vista jurídico, ya que van a poner a disposición de los afectados un modelo de aceptación forzosa del canje en el que "realmente se hagan valer sus derechos".
Los afectados han recibido un ultimátum desde Liberbank que vence el próximo 26 de marzo y que "resulta verdaderamente leonino". Dicha propuesta de canje que desde la plataforma se considera "claramente abusiva", pretende que el dinero de las preferentes se canjee por acciones con una quita, o bien, por un 30% de acciones, y un 70% de bonos contingentes convertibles en acciones. De no aceptar estos extremos, se verían abocados a la intervención del Fondo de Reordenación Bancaria (FROB), aún más lesivo para su patrimonio.
Desde el punto de vista de los afectados la documentación explicativa de esta operación de canje constituye "una información tan compleja, que no es posible entender", por lo que se ven forzados a un segundo engaño como el que ya padecieron al suscribir las preferentes.
Además, informaron a la consejera de que "la propuesta se ha ofrecido con una clara falta de tiempo", lo que no les deja más margen de maniobra que el de aceptar la solución menos grave e impugnarla inmediatamente ante los tribunales de justicia.
Según las representantes de la plataforma la otra opción disponible para los afectados de acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en unas condiciones que "todavía resultan más lesivas para su patrimonio supone una auténtica coacción por parte de Liberbank".
Por todo esto, se ha solicitado el apoyo del Gobierno que se traducirá en el análisis de la propuesta de canje, por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo, a efectos de llevar a cabo las actuaciones correspondientes a su ámbito competencial.
Asimismo, los afectados presentarán un escrito ante la Defensora del Pueblo y ante la Fiscalía pidiendo su amparo en relación con esta propuesta y al mismo tiempo realizarán las impugnaciones civiles que procedan en sede judicial.
Desde la plataforma se agradece al Gobierno la sensibilidad y el apoyo mostrado, al tiempo que se le pide colaboración, pues con estas acciones, desde la plataforma se pretende hacer llegar a los afectados que cuentan a su disposición con la documentación necesaria para tomar la decisión más conveniente para sus intereses.
(En el reproductor, moción de apoyo a los afectados, aprobada unánimemente por la Corporación de Los Corrales)
