Tras el anuncio del expediente de expulsión del PRC, el concejal Gonzalo Saiz ha vuelto a cargar contra el grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna por "falsas y malintencionadas acusaciones", afirmando que son "una represalia política intolerable", que "carecen de cualquier base jurídica válida" y que "pretextos sin fundamento para justificar una decisión que obedece, claramente, a una lucha interna de poder dentro del partido". Son, insiste, "acciones que no hacen más que demostrar el carácter antidemocrático de quienes las promueven y, lejos de doblegar mi voluntad, me fortalecen en mi lucha por la verdad y la justicia".
En una nueva nota de prensa afirma que "en ningún momento" ha incurrido "en actos que puedan ser considerados contrarios a la dignidad de su cargo o al interés público", asegurando que "se trata de un ataque directo y orquestado con el único objetivo de apartarme por motivos que nada tienen que ver con mi desempeño profesional o ético, sino con intereses personales y partidistas".
En cuanto a los comentarios realizados en redes sociales señala que "son un intento burdo de criminalizar el legítimo ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión", réplicas, dice, "que se encuentran dentro de los límites de un debate público legítimo y no constituyen, ni de cerca, un comportamiento reprobable o impropio". Un asunto en el que apunta a que desde el grupo regionalista se "tergiversa" lo ocurrido "para construir una narrativa que desprestigie a mi persona", cuando, añade, "lo que verdaderamente ofende y desprestigia la política es el uso de mecanismos internos del partido para acallar voces críticas".
En cuanto a la expulsión y la apertura de un expediente disciplinario, contesta que "son actos que violan flagrantemente mis derechos fundamentales". También reitera su decisión de no dejar su acta como concejal, señalando que "fui elegido democráticamente por los ciudadanos y no cederé ante las presiones y amenazas de aquellos que pretenden usar los estatutos del partido como un instrumento para sus propios fines".
Y termina anunciando acciones legales, entre ellas un recurso contra la expulsión ante la Comisión de Garantías del PRC, una demanda por violación de derechos fundamentales ante los tribunales, o acciones judiciales por difamación.
