La situación de la planta de Insago, en el polígono industrial de Barros, depende en un futuro próximo del interés que nuevos empresarios pudieran tener en la factoría de manufacturación de ventanas de PVC. Este viernes se comunicó oficialmente a los trabajadores la posibilidad de que la planta salga a subasta con la intención de encontrar un comprador que posibilite su permanencia en Cantabria. El plazo que se baraja para este proceso es de unos dos meses. En el caso de no encontrar un comprador podría liquidarse la empresa por completo. En ese proceso se pretende llevar a cabo un expediente de extinción de 70 contratos de los 120 empleados con los que cuenta la empresa, un expediente basado en las pérdidas acumuladas durante el pasado año, que superan ya el millón de euros. Y es que la producción de ventanas no está siendo suficiente para mantener, ni siquiera con una plantilla mucho más reducida, la factoría de Los Corrales de Buelna. Los trabajadores que se vean afectados por este expediente cobrarían su indemnización del Fondo de Garantía Salarial, con los límites determinados por la ley, cuatro meses después de su despido.
Los acreedores concursales están gestionando la planta desde hace unas semanas, en una situación complicada en la que están manteniendo constantes reuniones con representantes de la dirección y de los empleados. Dicha Administración Concursal llevará a cabo reestructuraciones en la plantilla, como antes se ha comentado, adecuación de maquinaria y reducción de instalaciones (la actual nave de almacenaje y carga de ventanas tendrá que abandonarse en breves fechas).
El comité de empresa de Insago, presidido por Jesús Cabezón, expresó tras la asamblea su preocupación pero a la vez su interés por reflotar la empresa y mantener la producción en Cantabria en la medida de lo posible. Explicó que en lo que va de año han mantenido contactos constantemente con la dirección intentando regularizar la situación de los trabajadores, interponiendo reclamaciones en todos aquellos aspectos que les han afectado, desde situación contractual a salarios. Hasta tal punto que, según añadió el comité, se han tramitado las demandas pertinentes ante los órganos de Trabajo correspondientes. En la situación generada tras la decisión de dar vacaciones a algunos trabajadores se optó por reclamar una solución que incluso solicitó a la dirección la propia Inspección de Trabajo. Se pidió a la dirección regularizar la situación de esos trabajadores y la empresa aplicó la fórmula de los permisos retribuidos. El comité terminó señalando que en todo momento se ha trabajado por el colectivo de trabajadores, reconociendo que en esa lucha algunos se hayan podido sentir menos representados.
Algunos trabajadores se quejan de una situación anómala en la que han pasado a finales del pasado año por un expediente de suspensión de contrato cuando lo que regía era uno de reducción de jornada. Así hasta enero de este año, momento en el que algunos entran a trabajar y otros quedan en vacaciones que no han generado ni solicitado hasta finales de enero. A partir de ahí se conceden permisos retribuidos en teoría, porque esos trabajadores llevan sin cobrar desde noviembre, permisos que tampoco han pedido y la empresa les concede sin alegar causa alguna. Incluso se quejan de que se negoció entre dirección y comité de trabajadores un nuevo expediente de regulación que no se sometió a la aprobación de los trabajadores ni se ha comunicado. No saben cuáles son sus condiciones ni por qué no se ha hecho público hasta ahora.