La Corporación de Los Corrales de Buelna se ha mostrado de acuerdo en apoyar el informe técnico-jurídico del Servicio de Intervención que rechaza el recurso de la concesionaria del servicio público de guardería con el que alertaba de pérdidas en el negocio que obligarían a su cierre a finales de noviembre. El informe rechaza la posibilidad de que desde la firma del contrato, hace algo más de un año, se hayan producido circunstancias que hayan roto el equilibrio económico de la propuesta original de gestión, algo que aducía la concesionaria. La responsable del servicio, Patricia Echevarría Sierra, alertaba a la Corporación de que, en caso de que no cambiasen las condiciones económicas que establecía su contrato con el Ayuntamiento, se vería obligada a cerrar el servicio al finalizar el mes de noviembre. Ahora el Ayuntamiento la contesta y la advierte de las graves consecuencias que conllevarían una resolución unilateral del contrato y la invitan a reconsiderar su posición. En todo caso, según la alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Mercedes Toribio Ruiz, ya se han hecho las gestiones pertinentes para que si la actual concesionaria de la guardería cesa en su labor el última día de noviembre, el servicio no deje de prestarse. Mercedes Toribio Ruiz añadió que "todos los concejales hemos pedido a Intervención que explique a la concesionaria las responsabilidades que adquiriría si resuelve unilateralmente el contrato". E incidió en que "de todas formas, el servicio está garantizado, nuestro compromiso es con los vecinos y no podemos dejar tiradas a más de 50 familias que utilizan la guardería". Por su parte el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Aurelio García Gutiérrez, afirmó que el informe que desestima el recurso de la concesionaria es "claro e impecable, y estamos todos de acuerdo". Lo más importante, dijo, "es que se garantiza la continuidad del servicio incluso en caso de cierre el 30 de noviembre, por bien de las 50 familias afectadas". Miguel Mediavilla Abad, portavoz del Grupo Municipal Regionalista, se expresó, como ya lo había hecho la concejal de IU, Elsa María Salas, en términos semejantes. Miguel Mediavilla Abad dijo estar seguro de que es un "problema de mala interpretación por parte de la actual adjudicataria del pliego de condiciones que ha firmado". También reconoció que es "tranquilizador que haya recursos para que no se deje de prestar el servicio". Y terminó confiando en que la actual adjudicataria "recapacite, por las consecuencias que puede tener una resolución unilateral del contrato"