El Comité de Empresa de Insago ha decidido no firmar en el último momento el Expediente de Extinción de Empleos que habían acordado con los administradores concursales debido a la incertidumbre creada por la posible implicación de PVC Madrid en el proceso concursal en el que está inmersa la planta de Los Corrales de Buelna. En principio, la falta de datos concretos sobre la planta de la capital de España a la que parece que se pretendía trasladar la producción de Cantabria, y la responsabilidad que una y otra puedan tener en el proceso, hace que las decisiones tomadas hasta ahora se pongan en cuarentena.

En ese terreno, el objetivo del comité es no cerrar a los trabajadores inmersos en ese expediente la puerta a futuras acciones en defensa de sus derechos, como explicaba su presidente, Jesús Cabezón. El propio comité reconoce que la situación es cada vez más complicada y no quiere dar ningún paso en falso.

Pero la decisión del comité también complica aún más la situación de unos trabajadores que dependen ahora de la decisión que Trabajo y los administradores concursales adopten sobre ese expediente. Aunque todo apunta a que la falta de acuerdo de los trabajadores eche al traste un documento que extinguía 55 puestos de trabajo. Así las cosas, los trabajadores volverían a depender del expediente de suspensión de puestos de trabajo firmado en diciembre y del que poco se puede aplicar ya, con una empresa en la que se ha suspendido la producción y tiene por delante poco menos de tres meses para cerrar su venta o firmar su defunción.

El tiempo pasa y la preocupación de los trabajadores aumenta. De momento, desde hace unos días un grupo de trabajadores se ha desmarcado del comité y se queja de falta de información y la falta de pago de los salarios desde noviembre a la gran mayoría de los trabajadores, “lo que les está llevando a una situación crítica y desesperada, la falta de ingresos les está generando problemas con las entidades financieras, problemas dentro de sus hogares y en su vida diaria”, como apuntaba José Carlos Pérez Ceballos, portavoz de los disidentes.

En un comunicado hecho público este martes lamentan el que las noticias sobre el proceso de extinción de puestos de trabajo “son escasas por no decir ninguna”. Una falta de información que achacan a partes iguales a los administradores concursales y al comité de empresa “ningún comunicado, salvo anunciar la paralización de la producción dados los problemas surgidos con la comercializadora INGEVENTA”. Lo mismo sucede sobre el ERE suspensivo “que afectará a todos aquellos trabajadores que permanecerán en plantilla y que estará en vigor hasta que se encuentre un comprador para la empresa”.

Sobre la situación actual, la vuelta al expediente de diciembre, el grupo de trabajadores afirma que “se aplica sin llevarse a cabo los trámites legales necesarios de comunicación y aprobación por parte de los trabajadores”. Mientras, añaden, “a otros se les sigue aplicando los mal llamados permisos retribuidos no solicitados por los trabajadores ni contemplados en el Convenio Colectivo, situación en la que permanecen actualmente aunque sean los administradores concursales quienes dirigen la empresa”. Se pide el apoyo de todos los organismos implicados ante una situación “grave y excepcional que debiera ser solucionada con urgencia”. El grupo de trabajadores acaba diciendo que “es muy triste que en un país con casi siete millones de parados tengamos que llegar a estos extremos para pedir la salida de una empresa, empresa que nos tiene encadenados y que está condenada a la muerte, pero nosotros no queremos morir con ella”.